Urgen mejorar las medidas del sistema de justicia penal

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Las recientes liberaciones de personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, ponen en evidencia la debilidad del propio sistema de justicia penal en el país consideró José Trinidad Larrieta, titular de la oficina especial de la CNDH para el caso Iguala, además de criticar que las autoridades no han atendido el llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para fortalecer los procesos penales. 

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, José Trinidad Larrieta precisó que “esta serie de liberaciones de las que hemos sido testigos ponen en evidencia la gran debilidad de las instituciones de procuración de justicia y yo diría que también del propio sistema de Justicia Penal en México”, afirmó.
 
Luego de lamentar la liberación de los implicados en el caso Iguala, Larrieta afirmó que “la CNDH ha reiterado la urgencia de fortalecer y de encauzar los procesos penales”, señaló que esta demanda la han realizado desde el 23 de julio de 2015 “en un primer reporte que hicimos en relación con el estado que guardaba la investigación en aquel momento. No nos han hecho caso y las consecuencias ahí las tenemos”, enfatizó.
 
El titular de la oficina especial de la CNDH para el caso Iguala, también se refirió a las críticas que ha realizado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas en contra de jueces por liberar a detenidos en este caso, y destacó que en este tema hay que analizar la actuación tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. 

En opinión de la CNDH vemos dos aspectos. Desde luego que hay fallas en la integración de los expedientes, hay fallas en las acusaciones que formula la Fiscalía PGR en su momento, el Ministerio Público ante el Juez”, señaló.
 
Mientras que por parte del Poder Judicial dijo que “habría que hacer una revisión muy puntual de los criterios que se están aplicando, porque (los Jueces) están desvalorizando absolutamente todos los testimonios que han sido rendidos sobre todo, por los inculpados del Caso Iguala”, argumentando y presumiendo que esas declaraciones se obtuvieron bajo la violación a sus derechos fundamentales, afirmó.