Ramon Mendoza S
Reportero
La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) pretende despojar de sus tierras a miles de familias campesinas, que habitan en 120 ejidos ubicados en la Sierra de Tamaulipas, lo anterior, tras decretar 316 mil hectáreas como reserva natural, y que los obligara a abandonar sus hogares.
Según el Representante de la Central Campesina Cardenista (CCC) Mario Reyes Cantú, los habitantes de dichas comunidades, pertenecientes a los Municipios de Villa de Casas, Abasolo, Soto la Marina, Aldama, Gonzales y Llera, que no fueron notificados por el Gobierno Federal, y ahora, tienen estrictamente prohibido realizar alguna actividad productiva en la zona, incluso, escuchar la radio.
“El Presidente Peña Nieto, de manera unilateral, sin consultar a los pueblos, sin informar previamente a las comunidades rurales como dice la constitución, ahora han estado llegando notificaciones a los núcleos agrarios, donde no pueden prender ni la radio, no pueden alzar la voz, porque los van a sancionar de acuerdo a la ley de equilibrio ecológico” declaro.
Ahora, las familias tendrán que sacar su ganado de estas tierras, sin que la federación, en este caso la SEMARNAT, ofrezca o proponga un programa alternativo que les permita subsistir en estas condiciones y no se vean obligados a tener que emigrar hacia las grandes urbes.
“Al despojar estas comunidades de manera ilegal, van a llegar los extranjeros a extraer los minerales de la sierra que es rica en plata, ya los extranjeros, con las comunidades afuera, llegarían sin problema, la federación argumenta que son dos mil familias, cuando hay 800 por cada uno de los 120 ejidos, es imposible que sean dos mil” señalo.
Advirtió, que los futuros funcionarios de medio ambiente del Gobierno Federal, ya fueron informados sobre dicho decreto, y dijo, que coinciden en que no se puede despojar a las familias de sus tierras de esta manera, pero si, ofrecerles un programa de manejo sustentable de los recursos naturales que ofrece la Sierra de Tamaulipas.
De ser necesario, según Reyes Cantú, se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para poner marcha a atrás al decreto inconstitucional, que pretende despojar de sus bienes, a miles de familias de estas comunidades rurales.
