La oposición venezolana anunció el jueves que acudirá a instancias internacionales para denunciar al gobierno por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional y las detenciones de opositores acusados de estar implicados en planes desestabilizadores.
El presidente del Congreso, diputado Julio Borges, indicó que recurrirán a la ONU, la OEA y otras organizaciones para denunciar las detenciones del congresista suplente Gilber Caro y el concejal Jorge Luis González, así como las sentencias de la corte que anularon la designación de la nueva directiva del Legislativo y una declaratoria de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, que acordó la mayoría opositora.
El vicepresidente Tareck El Aissami fue quien anunció la detención de Caro, acusado de tener en su poder un fusil, 20 cartuchos de bala y tres barras de explosivo plástico C4. Por su parte, González también fue señalado de tener en su poder material explosivo y panfletos contra el gobierno.
«Quieren tratar de frenar el país que quiere cambio a través de miedo», dijo Borges a la prensa al precisar que denunciarán al gobierno de Maduro por «terrorismo de Estado».
A las críticas se sumó el secretario de la coalición opositora, Jesús Torrealba, que consideró como una «violencia institucional» la sentencia del Tribunal Supremo contra el Congreso, las recientes detenciones de opositores, y el proceso de la Contraloría contra el líder opositor Henrique Capriles.
El contralor general, Manuel Galindo, confirmó la apertura de procedimientos administrativos contra Capriles y otros cinco funcionarios de la gobernación de Miranda.
Torrealba dijo en su programa de una radio local que la decisión de la corte constituye un «desconocimiento del Poder Legislativo», y sostuvo que esa situación traerá «severas consecuencias» a nivel nacional e internacional.
La primera dama y congresista oficialista, Cilia Flores, defendió las sentencias del Tribunal Supremo e indicó en su programa «Decisiones», que difunde una radio estatal, que todas las decisiones del Congreso serán nulas mientras se mantenga en «desacato» a las sentencias de la corte.
Alegando «desacato al Poder Judicial», el Tribunal Supremo anuló la declaratoria de abandono del cargo de Maduro por el supuesto incumplimiento de sus funciones constitucionales, aprobado por la mayoría opositora a inicios de semana. También revocó la elección de la nueva directiva parlamentaria, indicó en un comunicado el miércoles la instancia judicial.
La corte ordenó a los congresistas opositores que desistan del desacato al Poder Judicial y la «violación» de las normas constitucionales, según el comunicado, y advirtió que esas acciones podrían acarrearles responsabilidades.
La Asamblea Nacional quedó a inicios del año pasado bajo control de la oposición tras 17 años en manos del oficialismo, lo que desató un enfrentamiento entre los poderes públicos. El Tribunal Supremo ha anulado la mayoría de las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo en ese período.
Por otro lado, la oposición podría quedarse sin una de sus principales figuras de cara a eventuales elecciones, después de que el gobernador del estado central de Miranda, Henrique Capriles, anunciara el miércoles que la Contraloría General le abrió seis procesos administrativos por los que corre el riesgo de ser inhabilitado políticamente.
Las detenciones de los opositores coinciden la instalación esta semana de un «comando antigolpe» que aprobó Maduro, y que dirige El Aissami.
