Por Miguel Santamaría
No habrá gobiernos que se encuentren en la mira de la ciudadanía por cuestiones de desconfianza si estos no transparentan el manejo de los recursos públicos, así lo consideró el síndico del cabildo de Victoria Luis Torre Aliyán.
Está es una de las premisas para que los gobiernos de cualquier orden, estén abiertos a la rendición de cuentas y a clarificar el manejo de recursos públicos dijo el funcionario municipal.
“No se puede tener gobierno transparentes si quienes los encabezan no lo son, hemos estado implementado y lo seguiremos haciendo hasta el cansancio que se hagan las declaraciones tres de tres, de manera pública de cara a la sociedad y no solo para cumplir con un requisito procedimental de carácter gubernamental si no que la gente sepa en realidad cuanto ganamos, si tenemos un ingreso por fuera”, refirió.
Dijo que hoy la declaración patrimonial tres de tres, de los funcionarios de primer nivel no debe ser solo para cumplir con un compromiso que establece la Ley, se debe hacer pensando en satisfacer las dudas de la sociedad pidió el síndico.
Aplaudió el hecho de que ahora se creó un nuevo formato más riguroso para estas declaraciones patrimoniales y que entrará en vigor a partir del próximo mes de Abril para con ello garantizar lo que cada funcionario tiene y que lo debe de declarar y no solo para cumplir como un mero trámite burocrático.
“Para esto es importante informar que el sistema nacional anti corrupción el mes de Noviembre hace algunas semanas en acuerdo que se publicó ya en el diario oficial de la federación estableció las bases el nuevo formato para las declaraciones de interese y patrimoniales hay un nuevo formato que estará vigente que estará a partir del 30 de Abril, repito estará vigente a partir del 30 de Abril de 2019 fecha en que también va a entrar en vigor la plataforma digital del sistema nacional anticorrupción”, comentó.
De manera obligatoria los servidores públicos tendrán que cumplir con el llenado de este documento que de manera estricta y escrupulosa detalla lo que cada servidor público tiene en bienes y propiedades.
