El Tribunal Constitucional de Perú evalúa el recurso de la líder opositora Keiko Fujimori para anular la prisión preventiva que la mantiene presa desde octubre de 2018 por presunta corrupción.
Durante el debate del habeas corpus, el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, adoptó una curiosa posición durante el análisis que busca la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular.
El pasado 20 de septiembre, volvió a prisión después de ser dada de alta de una clínica privada de Lima en la que se determinó que padece dolencias como hipertensión arterial y hernia cervical.
La máxima dirigente del partido Fuerza Popular, de 44 años, fue conducida de regreso a la prisión de mujeres de Lima en una ambulancia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que fue escoltada por patrullas de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Fujimori fue llevada el sábado antepasado a la clínica Centenario, donde también se atiende su padre, el expresidente Alberto Fujimori, desde la cárcel de mujeres en la que cumple prisión preventiva tras presentar un cuadro de hipertensión y dolor en el pecho y la cabeza, según informó en ese momento su abogada, Giulliana Loza.
Un informe médico preliminar había indicado que el pronóstico de Fujimori era reservado y requería de una evaluación urgente con exámenes como tomografías y resonancias.
Loza declaró a periodistas que, tras los exámenes médicos, a Keiko se le ha recomendado un tratamiento contra la hipertensión, terapia de rehabilitación para la dolencia cervical y un seguimiento a una biopsia de muestras de esófago y estómago.
La letrada dijo que su defendida fue atendida en la misma clínica en la que se trata a su padre porque ese lugar tiene los equipos necesarios para los exámenes que habían recomendado los médicos.
Aníbal Quiroga
Por su parte, el esposo de Keiko, el estadounidense Mark Vito, había adelantado que ella podía ser dada de alta durante este fin de semana y se mostró preocupado por sus dolencias.
«Yo, personalmente, estoy muy preocupado porque Keiko siempre ha sido una personal saludable, deportista, llena de vida y con resultados así me queda preocupación», dijo.
Keiko Fujimori cumple 18 meses de prisión preventiva mientras es investigada por la presunta comisión del delito de lavado de activos, tras haber recibido dinero supuestamente ilegal para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en el que se cuenta un millón de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.
Por este caso, el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, «hombre fuerte» del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), anunció que el próximo martes declarará ante el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien investiga los presuntos aportes irregulares al partido de la líder opositora.
El fiscal planea indagar sobre los vínculos que Montesinos tuvo con Vicente Silva Checa, un condenado por corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori que actualmente es investigado por presuntamente haber asesorado a Keiko en sus campañas electorales de 2011 y 2016.
La Corte Suprema de Justicia rechazó hace dos semanas un pedido para la excarcelación de la excandidata, aunque aprobó reducir su prisión preventiva de 36 a 18 meses, plazo máximo en el que la Fiscalía deberá anunciar si presenta una acusación formal para abrir un juicio.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional evalua este 25 de septiembre si acepta un recurso de última instancia que solicita su liberación, ya que permanece recluida desde finales de octubre de 2018 en la prisión de mujeres del distrito limeño de Chorrillos.