La llegada de una nueva aplicación para ofrecer información sobre el nuevo coronavirus y la propuesta de usarla como ‘pasaporte de salida’ en las calles revivieron la polémica sobre las aplicaciones para controlar la pandemia en Colombia.
Aunque los desarrollos sostienen que siguen estrictos protocolos de seguridad, expertos de la sociedad civil señalan riesgos para la privacidad de los usuarios y, sobre todo, apuntan que no hay garantía alguna de que una alta vigilancia y monitoreo se traduzca en una solución real a la propagación del virus.
Esta semana, la alcaldía de Bogotá anunció Bogotá Cuidadora, una aplicación web que promete ‘salvar vidas’ al recolectar información sobre síntomas y desplazamientos de los usuarios. Los datos, al igual que plantea CoronApp, aplicación móvil, servirían para desarrollar un mapeo sobre los posibles casos de contagio y, al utilizar información de ubicación de los usuarios, emitir alertas.
La aplicación distrital, como rasgo novedoso, permite a los usuarios pedir u ofrecer ayudas. Sin embargo, la polémica se generó con el decreto de aprobación en el que rezaba que era de carácter obligatorio. El texto insinuaba que de no tener el soporte digital de la aplicación para salir bajo alguna de las excepciones contempladas durante el periodo de emergencia, la Policía emitiría multas.
Poco después, el secretario jurídico de la alcaldía, William Mendieta, expresó que no será un registro obligatorio. «Se harán unas aclaraciones al respecto, no hay comparendos y sanciones por parte de la Policía por no estar registrado, habrá sanciones si no se logra demostrar por qué se está en la calle”.
«¿Por qué no puede ser obligatoria? ¿Cuáles son los temores de usar estas aplicaciones si los usuarios ya entregan su información en las redes sociales?». Estos son algunas de las preguntas que se leen en foros de discusión y publicaciones en redes.
La discusión sobre el uso de aplicaciones no es un tema exclusivo de Colombia. Mientras que países como Corea del Sur, China, India y hasta Francia han adoptado sistemas con mayor o menor libertad de uso, en el Reino Unido, más de 170 expertos en ciberseguridad firmaron una carta abierta pidiendo al Gobierno británico no utilizar aplicaciones de rastreo.
La iniciativa hace parte del llamado de más de 300 expertos internacionales que se oponen a estos sistemas y que plantean que el poder de vigilancia que están adquiriendo los Estados puede ser excesivo y con pocas garantías de control.
«Las aplicaciones funcionan utilizando bluetooth o datos de geolocalización
presentes en los teléfonos inteligentes. Aunque la efectividad de las aplicaciones de rastreo de contactos es controvertida, debemos asegurarnos de que los implementados preserven la privacidad de sus usuarios, así como de la protección contra muchos otros problemas, señalando que tales aplicaciones pueden ser reutilizadas para permitir la discriminación y la vigilancia injustificadas», reza la misiva abierta.
Según la ONG internacional Access Now, coautora del informe ‘Necesarios y proporcionados’ —una guía de consulta sobre las tensiones entre vigilancia y derechos humanos—, aún no es claro si el rastreo digital de contacto es efectivo en la lucha contra la pandemia.
En una opinión similar está el Ada Lovelace Institute, que publicó un informe en el que mantiene que el uso del rastreo no incide necesariamente en el aplanamiento de la curva.
En marzo, Access Now lanzó una serie de recomendaciones sobre privacidad y protección de datos para gobiernos a fin de combatir la covid-19 respetando los derechos humanos y una lista sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer en el desarrollo e implementación de aplicaciones de rastreo de contactos para enfrentar la pandemia sin vulnerar la privacidad de las personas.
Hace pocos días, a finales de mayo, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un documento que aborda el tratamiento ético de las aplicaciones de rastreo. El texto resalta que el método de rastreo digital «tiene sus propias limitaciones» y establece que «esta tecnología no puede capturar todas las situaciones en las que un usuario podría contagiarse y no puede reemplazar el rastreo de contacto tradicional persona a persona o las pruebas o los contactos que son realizados vía telefónica o presencial».
Entre otras recomendaciones, los expertos señalan que las aplicaciones y la información «deben tener una cláusula de caducidad», es decir que «deben ser eliminadas del teléfono y de las tiendas de aplicaciones y los datos deben ser suprimidos al momento en que dejen de ser necesarios para el rastreo de contactos».
Así mismo indican que deben existir guías claras para que los usuarios sepan qué datos son utilizados y cómo se almacenarán y compartirán con las autoridades sanitarias «a través de una interfaz clara, transparente y concisa». También deben requerir explícitamente el consentimiento del usuario antes de recolectar información adicional y usar protocolos de código abierto para permitir que el desarrollo esté disponible para auditoría externa.
En resumen, los desarrollos deberían informar qué datos usan, por cuánto tiempo y quiénes tienen acceso, y estos deben ser usados únicamente para el fin que fueron entregados, bajo estrictos protocolos de seguridad.
El MIT Technology Review ha investigado sobre las iniciativas de seguimiento a nivel internacional. Por ejemplo, en India, millones de usuarios se ven forzados a utilizar las aplicaciones de rastreo por temor a perder sus empleos.
En el panorama nacional, expertos también han dejado ver su preocupación. En Twitter, investigadores en materia de libertad de expresión, privacidad e internet, como Carlos Cortés, fundador de la organización Linterna Verde, comentan que hay que aclarar la información.
