La ley que buscaba frenar los robos de combustible en México no ha logrado disminuirlos

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A un año de que entró en vigor la norma, las tomas clandestinas aumentaron un 33%. Las autoridades mexicanas sólo han logrado consignar 33 casos ante un juez

La ley que endurece las penas contra el robo de combustible en México no ha logrado frenar este ilícito. A un año de que entró en vigor la norma que buscaba acabar con el lastre que representa este delito para Petróleos Mexicanos (Pemex), las tomas clandestinas aumentaron un 33% y las autoridades ministeriales sólo lograron llevar 33 investigaciones ante un juez, sin que esto signifique que en el total de los casos los involucrados hayan sido condenados. En promedio cada dos horas se perfora algún ducto ilegalmente y el impacto económico que se genera por el mercado ilícito de hidrocarburos asciende a 40.000 millones de pesos al año (unos 2.000 millones de dólares), según estimaciones del legislativo mexicano.

La proliferación de las actividades de la delincuencia organizada en la última década propició un incremento significativo de tomas clandestinas. A diferencia de hace años, cuando el saqueo de los ductos estaba en manos de pequeños ladrones en ciertas regiones, ahora está en manos de las grandes organizaciones criminales y se ha extendido a todo el país. La amplitud del sistema de ductos que tiene Petróleos Mexicanos a lo largo del país (68.000 kilómetros) y la ubicación de una mayoría de estos en zonas en despoblado es aprovechado para la sustracción ilícita de hidrocarburos, a través de tomas clandestinas.

La sustracción, el transporte, el abastecimiento y la venta de los hidrocarburos de origen ilícito no se encontraba tipificada como de gravedad en la legislación mexicana. Ante la dificultad de capturar a las personas en flagrancia, el índice de aprehensiones ha sido muy bajo en comparación con el número de delitos que se cometen. Además, en los pocos casos donde hay detenidos, los delincuentes obtienen su libertad con facilidad, lo que resulta sumamente atractivo para las bandas delincuenciales que han hecho de este ilícito una de sus más importantes fuentes de ingreso.

En enero del año pasado entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en materia de Hidrocarburos, más conocida como ley antiordeña. La normatividad impone penas de 15 a 25 años al robo de gasolinas y al saqueo de oleoductos, un castigo muy superior al de una violación que alcanza condenas de hasta 14 años en la legislación. También castiga a quien compre, enajene, reciba, comercialice, resguarde, transporte, almacene o distribuya hidrocarburos sin consentimiento de contratistas, permisionarios o distribuidores.

La nueva ley, según el dictamen, buscaba calificar estos delitos como graves para inhibir esta actividad y pretendía poner a disposición del ministerio público de la federación y de la autoridad judicial nuevas herramientas jurídicas a fin de que se pudiera investigar y sancionar con mayor eficacia a la delincuencia. Sin embargo, a un año de haber entrado en vigor, el objetivo no se ha cumplido. Las tomas clandestinas incrementaron en un 33% después de haber robustecido las penas. En el 2015 se detectaron 5.252 alteraciones en los ductos, mientras que en el 2016 la cifra incrementó a casi 7.000. Durante el 2006, antes de que el expresidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra el narcotráfico y el robo de gasolina se convirtiera en una actividad de los grupos criminales, las autoridades localizaron 204 tomas clandestinas.