La aplicación de rastreo estará operativa desde el 10 de agosto en varias comunidades

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Los rebrotes y la presión del turismo han alterado los planes del Gobierno. La aplicación de rastreo de contagios en la que trabaja el Ejecutivo desde hace meses, bautizada como Radar COVID, estará disponible para todo el territorio nacional a partir del 15 de septiembre. Sin embargo, el repunte de infecciones ha llevado a que la semana que viene se ponga en marcha una versión no definitiva de la app en “dos o tres” comunidades autónomas que todavía están por decidir. Así lo ha asegurado este mediodía la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, durante la rueda de prensa convocada para valorar los resultados de la prueba de la aplicación, que ha estado activa durante un mes en la isla de La Gomera.

No se ha hecho oficial cuáles serán las comunidades autónomas que pondrán en marcha la versión no acabada de la app. La decisión depende de Sanidad, según ha destacado Artigas, si bien ha señalado a las islas Baleares y a Canarias como dos firmes candidatas a ello debido al volumen de turismo extranjero que acogen. Son las propias regiones las que deciden si quieren o no contar con la aplicación. Según Artigas, el interés en ella ha sido “masivo”.

Radar COVID se ha probado durante el mes de julio en La Gomera. Durante este tiempo se ha simulado una oleada de 300 contagios entre 3.000 usuarios de la aplicación para probar la eficacia del sistema. Según Artigas, el 61% de las personas a las que se les comunicó el contagio ficticio llegaron hasta el final del proceso, notificando a las autoridades su contagio y cumpliendo la cuarentena.

La secretaria de Estado destacó, asimismo, que la eficacia de la aplicación dobla a la del rastreo manual: ha sido capaz de registrar 6,4 contactos estrechos de riesgo por positivo ficticio confirmado frente a los 3,5 detectados mediante el sistema manual en Canarias. También se han acortado los tiempos de reacción a menos de 24 horas, lo cual se subraya como fundamental para controlar posibles rebrotes. La capacidad de retención de Radar COVID (la proporción de usuarios que mantuvieron y usaron la aplicación de descargarla) ha sido del 83%.

La app ya se puede descargar en las tiendas de aplicaciones ―aunque aún no está operativa― y no será de uso obligatorio ni utilizará datos de localización. Cuando los teléfonos de dos usuarios estén durante al menos 15 minutos a una distancia inferior a dos metros, intercambiarán unos ficheros a través del bluetooth, que se guardarán durante 14 días. Si un usuario es diagnosticado de covid-19, el médico le suministrará un código alfanumérico aleatorio. Al introducirlo en su aplicación ―algo que también es voluntario― los usuarios con los que haya tenido ese contacto estrecho ―cuyos teléfonos revisan dos veces al día la lista de esos códigos― recibirán una alerta. En ningún caso se revelará la identidad de la persona infectada.

Indra ha sido la empresa encargada de desarrollar la aplicación y el proyecto piloto por un contrato que asciende a 330.000 euros. La aplicación es de código abierto y parte del trabajo viene ya hecho desde Suiza por un equipo que lidera la ingeniera española Carmela Troncoso. Además, utiliza los protocolos que establecieron de forma conjunta Google y Apple y que solo puede utilizar una app por país.

¿Una herramienta útil?

Hay dos preguntas clave en torno a estas aplicaciones. La primera es si la privacidad de los usuarios está garantizada: la mayoría de expertos está de acuerdo en que el modelo descentralizado adoptado —en el que todo el proceso ocurre en los móviles de los usuarios, sin intervención de las autoridades— es el más respetuoso con esa privacidad. La Comisión Europea está trabajando además para que las aplicaciones que comparten este modelo —como la alemana o la italiana— sean interoperables, es decir, que se comuniquen unas con otras.

Un estudio de la Universidad de Oxford considera que, para lograr una máxima eficacia, el porcentaje de descargas debería ser del 60% en la población de un país, aunque cualquier porcentaje inferior también ayudaría a frenarla. Según Pablo Rodríguez, asesor técnico del proyecto, “un uso del 20% podría ayudar a reducir la pandemia en un 30%, y a partir de ahí su contribución es lineal”, asegura. El Ejecutivo no se ha marcado un objetivo en cuanto a descargas.

Desde la Secretaría de Estado aseguran que durante la prueba en La Gomera no se detectó ningún falso positivo, aunque admiten que eso no quiere decir que no se produzcan cuando la aplicación se generalice. De hecho, las características de la isla, poco urbanizada y con escasa densidad de población hacen que algunas conclusiones sean difícilmente trasladables al resto del país.

Para Ramon López de Mántaras, investigador del CSIC, el asunto de los falsos positivos es muy importante porque en todos los países donde se utilizan estas aplicaciones hay muchos casos. Cita como ejemplo el de dos personas, una de ellas infectada, que pasen 15 minutos a menos de dos metros, pero separadas por una pared. Teóricamente no puede haber contagio, pero el móvil del usuario sano sí recibiría la alerta. “Y eso podría crear un montón de alarmas innecesarias y sobrecargar la atención primaria”, advierte.

A López de Mántaras le parece incorrecta la denominación “aplicaciones de rastreo”, que se ha impuesto para denominar a estos sistemas. “No rastrean, detectan contactos. Los que rastrean son personas que además tienen que estar convenientemente entrenadas para hacerlo bien”, explica. El científico considera que “bien utilizadas, estas apps pueden ser un buen complemento del rastreo manual”. Pero que este último sistema es imprescindible y que sería un error relajarlo por muchas soluciones tecnológicas que se desplieguen. “De hecho las aplicaciones obligarán a reforzar el sistema analógico, ya que al detectarse más contactos de riesgo será necesario tener más personas para rastrearlos”, concluye.