El miércoles 18 de enero un estudiante de 15 años abrió fuego repentinamente en su clase del Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León, se suicidó y disparó contra la maestra y tres alumnos, uno de ellos fue dado de alta, los demás continúan en el hospital.
Ante las medias que ya operan en las escuelas para prevenir y erradicar la violencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, exige que las acciones que se adopten cuenten con la participación de los alumnos y que estén previamente determinadas y consensuadas con madres, padres y tutores.
Asimismo, advirtió que, «de ninguna manera, deberán atentar contra su dignidad, su vida o su integridad física o mental, ni convertirse en instrumentos permanentes que obstaculicen el ejercicio pleno de sus derechos, o incentiven la discriminación o su estigmatización».
La violencia es multifactorial, señala la CNDH al destacar que toda acción que se implemente para su prevención o erradicación deberá ser integral, teniendo en consideración la titularidad de derechos de niñas, niños y adolescentes y como sujetos de protección especial, lo que implica que cada medida deberá tener en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran, su contexto sociocultural, sus necesidades específicas, entre otros factores.
Es responsabilidad de todas y todos garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia; la contribución de las autoridades y comunidad escolar, las familias, la sociedad, las organizaciones de sociedad civil debe ser permanente. Asumir cada uno en sus ámbitos de actuación las responsabilidades que prevén las leyes de niñas, niños y adolescentes.
Los retos actuales son mayúsculos, resalta la CNDH al subrayar que el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación hace necesaria la interacción constante entre los integrantes de las familias, para asegurar la protección efectiva de los menores de edad, así como la detección de indicadores que pudieran evidenciar que la niña, niño o adolescente está viviendo una situación de riesgo.
La labor del docente y de las autoridades escolares es determinante en las construcción de la personalidad de los niños y niñas de nuestro país, ellos y ellas deben ser guías, moderadores, formadores de personas sensibles, más humanas, más solidarias y ante las situaciones adversas que se viven en un mundo globalizado, deben ser sujetos activos de cambio en sus comunidades.
El Estado, autoridades, las familias, y la sociedad en general, estamos obligados a garantizar el desarrollo integral de la niñez y adolescencia (en los ámbitos físico, mental, emocional, moral, espiritual), de tal manera que cuando se tome una decisión que les afecta en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones de las medidas que se adopten para garantizar que se protejan sus derechos y evitar que cualquier medida de seguridad vulnere sus derechos.
El Estado está obligado a brindar a los jóvenes espacios de recreación y desarrollo, la respuesta no es como sugieren en algunas voces “la militarización de la educación”, sino atender de manera integral a la niñez y juventud; implementar acciones efectivas para revertir el clima de inseguridad y violencia que se vive en varias regiones del país y trabajar para generar una cultura de respeto a los derechos humanos, que rechace todo tipo de violencia, su apología, esquemas de discriminación, exclusión y estereotipos, muchas veces, exaltados por los medios de comunicación.
