«En los tribunales se va a decidir si esto ha ido demasiado lejos o no«.
Así, el líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ofreció la que quizás será la reacción más profética ante la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de suspender el recibimiento de refugiados y bloquear la entrada a individuos de siete países de mayoría musulmanes.
Para empeorar las cosas, Trump ha tenido dificultades en su propio Departamento de Justicia.
Despidió a la fiscal general interina de Estados Unidos, Sally Yates, después de que ésta cuestionara la legalidad de la prohibición de inmigración
Yates fue reemplazada por Dana Boente, abogada del Distrito Este de Virginia, quien prometió hacer cumplir la orden ejecutiva de Trump.
Con los abogados del gobierno de su parte, la autoridad del presidente en cuestiones de inmigración es amplia. Pero tiene limitaciones, y esas limitaciones son interpretadas y aplicadas por el sistema judicial estadounidense.
En el caso de la orden de inmigración, eso ya está ocurriendo.
Días después de que Trump firmara la orden ejecutiva, jueces federales en cuatro estados aceptaron la solicitud de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de tomar medidas cautelares que impiden que las personas detenidas en los aeropuertos estadounidenses sean devueltas a sus países de origen.
«Los solicitantes tienen una fuerte probabilidad de éxito al establecer que la orden viola sus derechos al Debido Proceso e Igual Protección garantizados por la Constitución de los Estados Unidos», escribe la jueza federal de Nueva York Ann Donnelly en su decisión judicial.
Aunque estas medidas son vistas como una victoria para los oponentes de Trump, son de carácter temporal y de alcance limitado.
En realidad, los principales asaltos frontales contra la orden recién comienzan a ser lanzados.
