Defensores de los derechos a la libertad de expresión demandaron al presidente Donald Trump por bloquear a detractores de sus cuentas de Twitter, afirmando que ello viola la Constitución.
La demanda, interpuesta en el tribunal federal de Manhattan por el Instituto por la Libertad de Expresión de la Universidad de Columbia, señala que siete personas fueron bloqueadas por el presidente o por sus asesores después de emitir críticas hacia el mandatario. Además de Trump, la demanda también nombra como acusados al secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, y a Dan Scavino, director de redes sociales de la Casa Blanca.
El director del instituto, Jameel Jaffer, dijo que decenas de personas se acercaron a su organización hace tres meses, después de que reveló que la Casa Blanca no tiene permitido bloquear a personas desde la cuenta del presidente “@realdonaldtrump” de ocho años de antigüedad.
Al parecer Trump no es el único que trata de limitar su audiencia. Jaffer dijo que muchas personas contaron que habían sido bloqueados de las cuentas de políticos republicanos y demócratas, luego de publicar comentarios críticos.
Un juez federal en Washington D.C., dictaminó recientemente que la cuenta de Facebook de un funcionario local era un foro público amparado por la Primera Enmienda, pero los tribunales superiores aún no han abordado el tema, dijo Jaffer.
Es justo decir que se trata de una nueva frontera», señaló Jaffer. «El principio de la Primera Enmienda está bien establecido, pero la aplicabilidad de ese principio a este contexto no es un tema que los tribunales hayan tenido muchas oportunidades de abordar».
La demanda pide a un juez que impida a Trump y a su equipo de medios de comunicación bloquear a los críticos en su cuenta personal, que tiene 33 millones de seguidores, 14 millones más que la cuenta oficial de la presidencia “@POTUS” y 19 millones más que la de la Casa Blanca “@WhiteHouse”.
De acuerdo con la demanda, bloquear a personas de la cuenta de Trump es una restricción basada en un punto de vista particular, algo que la Constitución de Estados Unidos no permite.
También señala que el 2 de julio, Trump tuiteó: “El uso de mis redes sociales no es presidencial, es de una PRESIDENCIA MODERNA”. El documento también citó a Spicer cuando dijo un mes antes en una conferencia de prensa que los tuits de Trump deberían de ser entendidos como “declaraciones oficiales del presidente de Estados Unidos”.
Agencias federales y los tribunales manejan los tuits del mandatario como declaraciones oficiales, y los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos aconsejaron a la Casa Blanca que los tuits deberían ser preservados en la Ley de Registros Presidenciales, según el contenido de la demanda.
La portavoz de los abogados del gobierno, Dawn Dearden, se negó a formular comentarios.